Regulación armonizada

Tomando como referencia lo estipulado por dicha ley, los contratos sujetos a regulación armonizada son los contratos administrativos típicos cuyo valor estimado iguale o supere las cuantías previstas en los artículos 20 y posteriores de la Ley de Contratos del Sector Público. Es decir, los contratos de obra, los contratos de servicio, los contratos de suministro, los contratos de concesión de obra y los contratos de concesión de servicio de valor estimado igual o superior a lo contemplado en esa otra ley.

Eso sí, siempre que la entidad pública contratante tenga el carácter de poder adjudicador. Se trata de un requisito imprescindible para que un contrato público pueda ser denominado contrato de armonizado y pueda disfrutar de las ventajas asociadas a dicha denominación. ¿Cuáles son? Pues que, aun siendo contratos donde media una administración pública, no se someten al derecho público. Eso elimina de la ecuación cláusulas exorbitantes que nuestro ordenamiento jurídico concede a las administraciones públicas por el mero hecho de serlo.

No obstante, que dichos contratos de objeto administrativo sean sometidos al derecho general compromete las garantías fundamentales asociadas a la contratación pública. Es por eso que la regulación armonizada impone un régimen de transparencia y objetividad en los procesos de adjudicación del contrato. Un régimen que vemos materializado en obligaciones como la obligación de publicidad. En concreto, las convocatorias a esos contratos de regulación armonizada deben publicarse necesariamente en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).